No sólo la ley establece cuales son las responsabilidades legales: civiles, penales...en las que se incurre tras un determinado acontecimiento, sino que nuestra propia condición humana ha determinado a lo largo de la historia una serie de códigos y principios  convencionales nacidos de la costumbre, la moral o la religión que nos sitúan ante nuestras propias responsabilidades.

Se trata de sabernos autores, por acción u omisión, de nuestros actos y de sus consecuencias, y de ajustar en cada momento y frente a cada hecho la sanción que la norma legal o moral prevé cada circunstancia.

La ausencia de sanción legal ante un hecho legal pero moralmente reprochable no debe de llevarnos a esconder la cabeza, autoexculparnos y minimizar nuestra responsabilidad ética. Esta norma no escrita es especialmente exigible en la política y para aquellos que titularizan cargos de representación ciudadana.

No sabemos si la responsabilidad del presidente Camps o del Conseller Cotino en el accidente del metro tienen una dimensión penal, pero lo que no nos cabe la menor duda es que sí la tiene política y moral.

Las victimas requieren, cuanto menos, una reparación política ante un gravísimo accidente ocurrido  en un servicio público de la Generalitat Valenciana. No puede ser que, por la circunstancia que sea, fallezcan 43 personas y nadie dimita. No puede ser que ante un hecho luctuoso que causó una gran alarma social el asunto se zanje, simplemente, con la presencia de Camps a una misa.